La lucha contra el amaño de partidos —o match-fixing— se ha consolidado como uno de los principales desafíos para preservar la integridad del fútbol. Este fenómeno, caracterizado por la alteración fraudulenta de resultados o el desarrollo del juego con fines ilícitos, compromete no solo el espíritu competitivo, sino también la viabilidad económica y reputacional del deporte. La FIFA, la Federación Española y otras entidades internacionales han desarrollado marcos normativos estrictos, incorporando herramientas como el Código Disciplinario, el Código Ético y sistemas de alerta temprana para combatir esta práctica desde múltiples frentes.
El Caso Osasuna y las primas por ganar
En el ámbito español, el caso más paradigmático es sin duda el conocido como “Caso Osasuna”, que marcó un antes y un después en la persecución judicial del match-fixing. En este asunto, el Club Atlético Osasuna fue condenado por pagar primas a terceros para alterar el resultado de partidos en la temporada 2013-2014 con el objetivo de evitar el descenso. La relevancia jurídica del caso reside en que fue la primera vez que un tribunal penal español sancionó las primas por ganar, algo que hasta entonces se consideraba una zona gris del derecho.
Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo de enero de 2023 introdujo una matización clave: aunque mantuvo las penas por apropiación indebida y falsedad documental, despenalizó las primas por ganar en cuanto tales, al considerar que incentivar el cumplimiento de la obligación deportiva de ganar no constituye, per se, una conducta típicamente penal. Esta postura contrasta con la doctrina del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS 2014/A/3628), que considera estas primas una forma de alteración ilegítima de la competición al generar ventajas competitivas injustas y atentar contra la igualdad entre clubes.
Refuerzo institucional para combatir los nuevos desafíos
En respuesta a este vacío penal y al riesgo sistémico que representan estos comportamientos, LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol han intensificado sus esfuerzos a través de departamentos de integridad dedicados exclusivamente a la prevención, detección y denuncia de irregularidades. Entre las medidas más efectivas destaca la colaboración con operadores de apuestas para identificar patrones anómalos y la implementación de sistemas internos de whistleblowing, además de campañas de concienciación dirigidas a jugadores y entrenadores, sobre todo en las últimas jornadas de la competición, donde los incentivos al amaño son mayores.
A nivel normativo, tanto el Código Disciplinario de la RFEF (art. 77 y 148) como el artículo 286 bis 4º del Código Penal, reformado en 2010, permiten sancionar penalmente la corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, incluyendo la manipulación de resultados. No obstante, persiste un cierto desajuste entre las normas deportivas internacionales y el tratamiento penal nacional, especialmente en lo relativo a las primas por ganar, cuya antijuridicidad sigue siendo objeto de controversia doctrinal y jurisprudencial.
En conclusión, aunque se ha avanzado notablemente en la regulación y persecución del match-fixing en España, el caso Osasuna ha revelado las limitaciones del marco legal actual, particularmente en la interpretación penal de determinadas conductas. La prevención continúa siendo el mejor antídoto, pero para que sea efectiva se requiere una armonización entre las normativas deportivas y penales, además de un firme compromiso institucional y judicial para proteger la integridad del fútbol como bien jurídico esencial.